En esta entrevista, realizada tras su intervención en el XVII Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute, Piñar afirma: “Cualquier desarrollo de la inteligencia artificial debe pasar por el pleno respeto a los derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección de datos y a la privacidad. Por ello, la relación entre protección de datos e inteligencia artificial es incuestionable”.

 

Sr. Piñar, en su ponencia ha hablado de hacia dónde va la protección de datos en medio de tantas normas. ¿Cómo ve esta evolución?

Sinceramente, creo que la evolución normativa en la Unión Europea no es la mejor de las posibles. Sin duda, en Europa debemos apostar por lo que nos diferencia, que es el pleno respeto a los derechos fundamentales y, entre ellos, el derecho a la protección de datos, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de la persona, que la Carta Europea de Derechos Humanos recoge desde el principio.

Sin embargo, una sobrerregulación, que da lugar a múltiples disposiciones no siempre coordinadas entre sí, puede generar un efecto contrario al deseado: no se consigue una mejor protección de los derechos fundamentales, sino confusión entre quienes deben aplicar la norma y los propios ciudadanos.

El informe Draghi del pasado mes de septiembre advirtió sobre los riesgos que la hiperregulación puede suponer para el desarrollo efectivo de Europa, sin menoscabo de los derechos fundamentales.

Este es un momento clave para la protección de datos ante el desarrollo de la IA. ¿Cómo ve esta relación entre ambos elementos?

Se ha dicho hasta la saciedad que la inteligencia artificial no es posible sin recabar ingentes cantidades de datos, tanto personales como no personales. Algo, por lo demás, absolutamente obvio, dado que la inteligencia artificial se basa en el tratamiento de la información y en la generación de conocimiento.

La cuestión es que cualquier desarrollo de la inteligencia artificial debe pasar por el pleno respeto a los derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección de datos y a la privacidad. Por ello, la relación entre protección de datos e inteligencia artificial es incuestionable. Son dos elementos intrínsecamente unidos, sin que ninguno de los dos se explique sin el otro.

¿Qué grado de madurez tienen las organizaciones desde la entrada en vigor del RGPD hace ya siete años?

En mi opinión, el grado de madurez es más que notable. No obstante, debo decir que ese grado de madurez va muchas veces acompañado de una sensación de incertidumbre que no es positiva.

Las organizaciones tienen totalmente asumido que deben cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero no siempre es fácil, dada la gran cantidad de normas existentes (no solo en materia de protección de datos, sino también en regulaciones sectoriales) y la gran cantidad de decisiones judiciales y documentos de soft law aprobados por las autoridades de protección de datos, el Comité Europeo de Protección de Datos e incluso el Supervisor Europeo.

Se trata, por tanto, de aplicar y tener en cuenta una gran cantidad de normas y documentos que no siempre es fácil conocer y aplicar en el día a día del funcionamiento de las organizaciones.

¿Cree que ha llegado el momento de modificar en alguna parte el RGPD con la llegada de la IA?

Cuando se preparó y redactó el RGPD, no se había producido el auge de la inteligencia artificial al que ahora estamos asistiendo. Quizá, por tanto, sería oportuno abordar una revisión del Reglamento.

Por ejemplo, uno de los temas en los que seguramente no hay coincidencia entre la normativa de protección de datos y la de inteligencia artificial es el uso, con plenas garantías, de la biometría, sobre todo en los términos en que dicho uso ha sido interpretado por algunos reguladores nacionales y europeos.

En cualquier caso, creo que el RGPD es capaz de hacer frente a los retos que la inteligencia artificial plantea para la protección de datos. Muchas veces es mejor aprovechar el potencial de una norma y aplicarla e interpretarla antes que afrontar su modificación.

¿Qué opina del Foro de la Privacidad? ¿Es bueno que la figura del DPO se generalice en las empresas como garante de la privacidad?

Creo que el Foro de la Privacidad es una magnífica iniciativa que potencia el encuentro entre profesionales de la privacidad y, en particular, de los DPOs, facilitando el intercambio de opiniones acerca de problemas comunes.

En mi opinión, la figura del DPO ha sido uno de los grandes aciertos del RGPD y, por tanto, creo que generalizar su presencia en las empresas como garante de la privacidad sería un acierto.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las pequeñas y medianas empresas están ya al límite en cuanto a los gastos que deben afrontar derivados de las exigencias que la actual regulación impone, no solo en materia de protección de datos, sino también en materia medioambiental, de cumplimiento normativo o de gobernanza.

 

En esta ecuación también aparece la ciberseguridad. ¿Es fundamental tener una estrategia de ciberseguridad?

Por supuesto que es imprescindible tener una estrategia de ciberseguridad. Son muchos los datos que advierten del espectacular incremento de los ciberataques y la ciberdelincuencia.

También se ha dicho que las empresas se dividen en dos grupos: aquellas que han sufrido un ciberataque y las que van a sufrirlo. Esto exige, en efecto, contar con una estrategia lo más avanzada posible en materia de ciberseguridad.

En este sentido, creo importante recordar que, en materia de medidas de seguridad, la responsabilidad es de medios, no de resultado (p. ej., STS 188/2022, 15 de febrero de 2022).

Usted participó en la redacción de la Carta de Derechos Digitales. ¿Qué espera de este Observatorio de Derechos Digitales que se pone en marcha?

En efecto, tuve el honor de participar en la redacción de la Carta de Derechos Digitales que el presidente del Gobierno presentó en 2021.

Se trata de un texto que fue pionero en su momento y que ha inspirado la Declaración de Derechos Digitales de la Unión Europea y la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales. Es, no obstante, un texto sin fuerza vinculante, pero que marca la hoja de ruta de nuestro país en materia de derechos digitales.

La creación del Observatorio de Derechos Digitales, impulsado por el Ministerio de Transformación Digital con el apoyo de la Fundación Hermes de Derechos para la Ciudadanía Digital, es, en mi opinión, una iniciativa de enorme importancia, que permitirá hacer un seguimiento de la evolución real de los derechos digitales, no solo en España, sino a nivel global.

Por ejemplo, dentro del Observatorio hay una línea de investigación que estamos coordinando en el marco de la Universidad CEU San Pablo, de la mano de la Fundación Hermes, para potenciar los derechos digitales no solo en Europa, sino a nivel global.

El Observatorio cuenta con la colaboración de más de 150 entidades y casi 300 expertos en derechos digitales, de España y de numerosos países. Se trata de que los derechos digitales sean efectivos y permitan impulsar la innovación con pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona.